La organización Farmworker Justice se unió a esta acción en 2021, la cual desafía los procedimientos del Departamento de Trabajo para realizar encuestas de salarios prevalentes en el empleo agrícola. Durante décadas, el pago a los trabajadores de la cosecha de cerezas, manzanas y peras en el estado de Washington se ha basado en un sistema de compensación por tarifa por pieza. Esta práctica beneficia tanto a los productores como a los trabajadores agrícolas, ya que la compensación por tarifa por pieza recompensa a los trabajadores que trabajan arduamente para cosechar la mayor cantidad de fruta posible, pagándoles por encima del salario mínimo, y al mismo tiempo asegura que los cultivos altamente perecederos se cosechen a tiempo, lo que beneficia a los productores al maximizar sus márgenes de ganancia. El caso desafió la práctica de los empleadores de interrumpir falsamente las garantías salariales por hora vinculadas a tasas más bajas del salario mínimo legal para socavar el sistema de compensación por tarifa por pieza bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), así como la falta arbitraria del Departamento de Trabajo en utilizar encuestas a los trabajadores para verificar las declaraciones de las tasas salariales indicadas por los empleadores. Finalmente, la demanda impugnó la práctica supuestamente ilegal del Departamento de Trabajo de certificar órdenes de trabajo H-2A que prometían pagar según una tarifa horaria de Salario Adverso de Efecto (AEWR), incluso cuando existía una tasa prevalente por pieza más alta para la misma actividad agrícola. La demanda argumentó que estos tres factores violaban los límites del programa H-2A: que el empleo de trabajadores agrícolas migrantes extranjeros solo debe ser utilizado cuando sea necesario, y si se utiliza, no debe afectar negativamente los salarios o el empleo de los trabajadores estadounidenses. Los co-counselors con Farmworker Justice en el caso son Columbia Legal Services e Iglitzin & Lavitt, P.A., una firma de abogados de trabajo sindicalista con sede en Seattle, WA. En julio de 2023, la agencia estatal de fuerza laboral (SWA, por sus siglas en inglés) publicó los resultados de su encuesta de tasas de salarios prevalentes de 2023. Posteriormente, el Departamento de Trabajo solicitó desestimar la mayoría de las reclamaciones existentes de los demandantes, alegando que las reclamaciones se habían vuelto irrelevantes debido a la nueva encuesta realizada por la SWA y sus resultados. Desafortunadamente, el Tribunal de Distrito falló a favor del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en casi todas las causas de acción, excepto en la reclamación exclusiva de AEWR de los demandantes. El Tribunal de Distrito otorgó sentencia final a favor del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en la única reclamación restante de los demandantes. Los demandantes presentaron de inmediato su aviso de apelación, y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito acordó acelerar la apelación. El 24 de mayo de 2024, los demandantes recibieron una opinión favorable del Noveno Circuito que determina que el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) tiene el deber legal de proteger los salarios de los trabajadores agrícolas nacionales en el estado de Washington y exigir a los empleadores agrícolas que ofrezcan el salario más alto en los contratos relacionados con el programa federal H-2A. La decisión revoca una orden emitida por un tribunal de distrito federal y está de acuerdo con la alegación de FUJ de que el DOL ha estado aprobando contratos federales H-2A con salarios bajos por hora en lugar de exigir a los productores que ofrezcan salarios prevalentes más altos, como lo establece la legislación federal. La forma incorrecta en que el DOL determinó y publicó los datos salariales durante los últimos 13 años resultó en hallazgos erróneos que han reducido los salarios tanto para los trabajadores H-2A como para los trabajadores agrícolas nacionales. El DOL admitió durante la apelación que había estado siguiendo una política ilegal desde 2011, pero nunca había anunciado públicamente su política hasta hace poco. Con su fallo, el Noveno Circuito ordenó al Tribunal de Distrito que emitiera una orden judicial que excluyera los salarios más bajos ilegales de la encuesta anual de salarios del DOL que establece los salarios requeridos para el programa H-2A. El 31 de julio de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió un Mandato formal de la opinión del 24 de mayo. El 2 de julio de 2024, FUJ obtuvo una orden de medida cautelar preliminar que ordena al DOL reinstaurar los salarios más altos por tarifa por pieza para las cosechas de cerezas, bayas, manzanas y peras en Washington que cubren todos los contratos H-2A en el estado de Washington.

En diciembre de 2020, Farmworker Justice, junto con el co-abogado Earth Justice, representando a varias organizaciones defensoras de los trabajadores agrícolas, impugnaron la decisión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) tomada en diciembre de 2020 de debilitar la Zona de Exclusión de Aplicación, una regulación específica incluida en los Estándares de Protección al Trabajador sobre el uso y la aplicación de pesticidas, que es clave para proteger contra la deriva del rociado de pesticidas. En enero de 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de restricción temporal y el gobierno accedió a una extensión de la prohibición contra la nueva regulación.

En marzo de 2023, la Agencia de Protección Ambiental publicó un aviso de reglamentación propuesta que buscaba restablecer las regulaciones de la Zona de Exclusión de Aplicación más favorables para los trabajadores, brindando el alivio que los demandantes buscaban en su demanda. El aviso de la reglamentación propuesta representa una victoria significativa para los trabajadores agrícolas y sus familias, quienes a menudo están en riesgo de exposición a pesticidas tóxicos. En octubre de 2024, la Regla Final, que adoptó las normas de marzo de 2023 sin revisión, fue publicada en el Registro Federal.

En estos dos casos paralelos, una asociación de productores y una organización de reclutamiento de mano de obra agrícola han impugnado la nueva regulación promulgada por el Departamento de Trabajo, la cual revisa la metodología para calcular la tarifa salarial de efecto adverso (AEWR, por sus siglas en inglés) que debe pagarse a los trabajadores H-2A y a los trabajadores domésticos en empleos correspondientes. En la parte relevante, la nueva norma basa la determinación de los salarios pagados a los trabajadores H-2A y sus contrapartes domésticas que realizan trabajos no relacionados con el cuidado de cultivos o el ganado en la Encuesta de Estadísticas Salariales de Empleo Ocupacional (OEWS, por sus siglas en inglés) en lugar de la Encuesta de Mano de Obra Agrícola (FLS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura.

El resultado del cambio de metodología es que los salarios de los trabajadores H-2A que realizan trabajos no relacionados con el cuidado de cultivos o el ganado, pero que en cambio realizan trabajos incidentales a una operación agrícola, como construcción (construcción de graneros y cercas), conductores de camiones que transportan grano o productos agrícolas, o mecánicos de maquinaria agrícola, serán determinados mediante una encuesta, la OEWS, que compara los salarios de estos trabajadores que realizan labores agrícolas incidentales con todos los trabajadores en ocupaciones similares en los Estados Unidos, en lugar de aplicar las mismas tarifas salariales aplicables a otros trabajadores agrícolas que realizan actividades distintas. La diferencia en las tarifas salariales establecida entre estas dos metodologías puede ser de hasta $7 por hora para un trabajador H-2A determinado.

Farmworker Justice, junto con Public Citizen, ha presentado un escrito amicus curiae en cada caso en apoyo de la defensa del Departamento de Trabajo a su nueva normativa promulgada. En su escrito, los amici argumentan que la regresión a la determinación de los salarios de estos trabajadores agrícolas no tradicionales basada en la Encuesta de Mano de Obra Agrícola conducirá a una depreciación de los trabajadores domésticos dentro de sus respectivas industrias y violará el principio rector subyacente al programa H-2A: que la introducción de trabajadores extranjeros invitados no debe afectar negativamente los salarios ni las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses. El 29 de marzo de 2024, el Tribunal de Distrito, adoptando el Informe y Recomendación del Magistrado en el caso FGA v. Su, rechazó el argumento de los demandantes productores de que la nueva metodología del AEWR crea un salario atractivo en violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). El 24 de febrero de 2025, el Cuarto Circuito, en una opinión no publicada, confirmó la decisión del tribunal de distrito. En su opinión, el tribunal citó nuestro escrito amicus en apoyo de su decisión.

Los Procuradores Generales de los Estados, junto con un productor y una asociación de productores, impugnaron la nueva norma H-2A publicada a principios de este año en el caso Kansas v. DOL, que se presentó en el Distrito Sur de Georgia. El 16 de julio, Farmworker Justice, representada por FarmSTAND, presentó un escrito en calidad de Amigo del Tribunal, o Amicus Curiae. Los demandantes solicitaron una medida cautelar para detener la fecha de entrada en vigor de la nueva norma, alegando que el DOL carecía de autoridad normativa y que la nueva norma violaba la Ley Nacional de Relaciones Laborales. El tribunal determinó que la norma final no excedía la autoridad normativa de la agencia, pero aceptó el argumento de los demandantes de que violaba la NLRA, a los efectos de la concesión de la medida cautelar el 26 de agosto de 2024. El DOL presentó una moción de reconsideración, que fue denegada. Las partes presentaron mociones de sentencia sumaria a finales de octubre, y Farmstand presentó un escrito amicus respondiendo en nombre de FJ el 30 de octubre. FJ, a través de Farmstand, también ha solicitado intervenir o ha presentado escritos amicus curiae en demandas similares interpuestas en otras jurisdicciones.